El alcalde de Tafalla exige derogar la ley que prioriza la deuda

abril 3, 2017

03/04/2017

PLAZALos alcaldes de los diez ayuntamientos con más habitantes de Navarra y los de cabeza de merindad, entre ellos los de Tafalla y Olite-Erriberri, en una reunión mantenida el viernes 31 de marzo en el Consistorio pamplonés, mostraron su rechazo al contenido de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera e instaron al Gobierno central a derogarla en el espacio de tiempo más breve posible, ya que limita el gasto que pueden realizar las entidades locales y prioriza el pago de la deuda.

Junto al alcalde de Pamplona, Joseba Asirón, estuvieron  el primer teniente de alcalde de Tudela, José Ángel Andrés; la alcaldesa de Barañáin, Oihaneder Indakoetxea; el alcalde de Burlada, Txema Noval; el alcalde de Egüés, Alfonso Etxeberria; el de Estella, Koldo Leoz; el de Zizur Mayor, Jon Gondán; el alcalde de Tafalla, Arturo Goldaracena; el de Ansoáin, Ander Oroz; el de Villava, Mikel Oteiza; el de Sangüesa, Ángel Navallas, y el alcalde de Olite, Andoni Lacarra.
Según acordaron, esta ley establece que el gasto de las Corporaciones Locales no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB, marcado en el 2,2% para este año. Esto se traduce, por ejemplo, en que se ha obstaculizado que los gobiernos locales puedan reforzar sus plantillas con el personal necesario para combatir las crecientes desigualdades, para luchar contra la emergencia habitacional, para modernizarse, etc. Y se les ha forzado a generar superávits millonarios que se destinan a pagar a los bancos mientras la precarización y las desigualdades se disparan. El alcalde de Tafalla, Arturo Goldaracena, criticó que la ley “nos juzga a todos por un rasero que no debiera ser el mismo” y aseguró que estas reuniones se van a mantener entre los ayuntamientos.

El texto será presentado para su aprobación en cada uno de los plenos de los ayuntamientos participantes.  El contenido del acuerdo será notificado a Gobierno de Navarra, al Parlamento de Navarra, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a la Federación Navarra de Municipios y Concejos.

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